Paradoja Universal (II)

Alcance del principio de jurisdicción universal en el ordenamiento español:evolución y situación actual.

A efectos expositivos, he diferenciado en la evolución en España cuatro fases: primera fase, de inexistencia del principio de jurisdicción universal en la legislación española; segunda fase, de aplicación absoluta (o verdadera) del principio de jurisdicción universal; tercera fase, que he llamado “de conflicto”, por la “discusión” jurídica entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y la cuarta fase, referida al actual estado de cosas tras la reforma de 2009 del art. 23.4 LOPJ. Téngase también en cuenta que por razones de espacio no es posible ahondar con todo tipo de detalles sobre los hechos y sobre los razonamientos jurídicos aportados por distintas instituciones jurídicas españolas, pero se intentarán aportar las claves más significativas.

Primera fase: inexistencia

Antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, no había en España disposición alguna que incorporara el principio de jurisdicción universal. En relación a los delitos de genocidio, la aceptación por parte de España de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio supuso la tipificación del genocidio en el año 1971, algo bastante paradójico estando todavía Francisco Franco en el poder. Pero una cosa es la tipificación de una conducta y otra es asumir como propia la jurisdicción universal, cosa que no pasaría hasta 1985.

Segunda fase: aplicación absoluta o verdadera del principios

El Legislador español de 1985 decide incorporar, mediante el art. 23.4 LOPJ¹, el principio de jurisdicción universal absoluta, esto es, en los términos de la definición dada por el Instituto de Derecho Internacional (“independientemente del lugar de comisión del delito y sin consideración a vínculo alguno de nacionalidad activa o pasiva u otros criterios de jurisdicción reconocidos por la Ley Internacional.”). El único límite era el del art. 23.2 c), que ya he comentado supra. Conviene señalar que esta configuración supone, a mi juicio, la auténtica o verdadera jurisdicción universal, a diferencia de la de la Corte Penal Internacional, que está limitada, como ya he dicho, por el consentimiento de los Estados.

Las cosas transcurren más o menos tranquilas en la práctica judicial (o la ausencia de la misma) del precepto hasta la segunda mitad de los años 90 del pasado Siglo XX, en la que empiezan, en términos ajedrecistas, a moverse piezas. El 28 de marzo de 1996, habiendo ganado las elecciones del 3 de marzo el Partido Popular (detalle que es relevante porque, como veremos, la política y el principio de jurisdicción universal están íntimamente relacionados), la Unión Progresista de Fiscales presenta un escrito de denuncia ante el Juzgado de Guardia de la AN para que los tribunales españoles declarasen su propia competencia para enjuiciar a las personas responsables de crímenes contra la Humanidad, en concreto los perpetrados por las Juntas Militares de Argentina y Chile en los años 70 y 80. Los Juzgados Centrales de Instrucción nº 5 y 6 iniciaron trámites dirigidos a perseguir a los culpables. El Gobierno del PP, basándose en criterios políticos y económicos y no de justicia, estimó imprudente emprender acciones contra antiguas autoridades argentinas y chilenas en especial y el ejercicio sin límites de la justicia universal en general. Por esto, en una maniobra sin precedentes en la historia democráctica española, el entonces Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, propone a Eduardo Fungairiño como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional en contra de la opinión del Consejo Fiscal. Fungairiño es nombrado y se le encarga la confección de un informe que estudie la jurisdicción de los tribunales españoles; quizá pecaría de ingenuo si no pensara que en el encargo del informe no iba implícita la conclusión. Así las cosas, en octubre de 1997, se presenta el Informe Fungairiño con el título “Nota sobre la jurisdicción de los Tribunales españoles”, que contiene alguna de las barbaridades jurídicas más destacables de la historia de la Fiscalía de la AN, como cuando dice, en referencia a los actos de genocidio y terrorismo cometidos por las Juntas Militares de Argentina y Chile que es difícil encajarlos en el delito de terrorismo porque “es discutible (…) que la finalidad del exterminio de la disidencia política fuera la subversión del orden constitucional, no cabe olvidar que las Juntas Militares (...) [pretendían] subsanar las insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública”, además de negar de forma categórica la competencia de los Tribunales españoles aludiendo a la falta de conexiones.

Instalados en esta tensión Juzgados Centrales de Instrucción-Fiscalía, todo parece saltar por los aires cuando el 16 de octubre de 1998 se admite a trámite la querella contra Augusto Pinochet Ugarte, ex-Jefe de Estado chileno y “Senador Vitalicio”, por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas. El mismo día se dicta auto de prisión y orden internacional de detención, estando, casualmente o no, Pinochet en Londres, lo cual era una oportunidad única para solicitar a Reino Unido su extradición, como así se hizo el 3 de noviembre del mismo año mediante la proposición al Gobierno español. Ante esto, la Fiscalía opone todas las razones jurídicas imaginables para tratar de evitar el procesamiento de Pinochet, como las relativas a la falta de jurisdicción en general, la inmunidad, la excepción de cosa juzgada, etc., todas ya vistas en las cuestiones precedentes. La Sentencia de la House of Lords de 24 de marzo de 1999 que debía resolver la extradición de Pinochet tras varios autos de la AN y resoluciones de la jurisdicción británica, se muestra favorable a aquella y estima que la inmunidad no puede operar por tratarse de actos que no pueden ser calificados “de Estado”, entre otras cuestiones jurídicas. Finalmente, eso sí, Reino Unido denegará la extradición por razones de salud². Lo verdaderamente destacable de este caso es la declaración, por parte de los órganos jurisdiccionales españoles, de la competencia sin límites ni requisitos de conexión o de presencia del delincuente en territorio español, o lo que es lo mismo, el verdadero ejercicio de la jurisdicción universal.

Ya en los años 2000, la Sentencia del TIJ Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (Arrêt du 14 fevrier 2002)Recueil 2002 recorta la jurisdicción universal ejercida por órganos nacionales extranjeros, como he indicado ya supra. No obstante lo indicado por el TIJ sobre la inmunidad, éste no se pronuncia sobre la legalidad de este ejercicio, con lo que no afecta al núcleo duro del principio. En España, de hecho, el Tribunal Supremo continuaba produciendo sentencias en las que se reafirmaba la competencia de los Tribunales españoles.

Tercera fase: el conflicto entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional

En España, las cosas parecían estar más o menos claras: los Tribunales españoles eran competentes para enjuiciar universalmente los delitos contenidos en el art. 23.4 LOPJ y así lo había ratificado la jurisprudencia.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 25 de febrero de 2003, sostiene que España carece de jurisdicción para juzgar los hechos acaecidos en Guatemala entre 1978 y 1986, calificables como posibles delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Sin ánimo de ser exhaustivo, el TS establecía las siguientes líneas³:

“Los tratados internacionales suscritos por España para la persecución de delitos “que protegen

bienes jurídicos cuya protección interesa en general a la Comunidad Internacional” establecen

criterios de atribución jurisdiccional por razón del territorio o de la personalidad activa o pasiva, y

a ello añaden el compromiso para cada Estado de perseguir estos hechos, sea cual sea el lugar de

comisión, cuando el autor se encuentre en su territorio y no conceda su extradición (dedere aut

punire), “pero no se ha establecido expresamente en ninguno de esos tratados que cada Estado

parte pueda perseguir, sin limitación alguna y acogiéndose solamente a su legislación interna, los

hechos ocurridos en territorio de otro Estado, ni aun en los casos en que éste no procediera a su

persecución”.

El Tribunal justifica una interpretación basada en estos Tratados por dos razones: en primer

lugar, por la remisión general del art. 23.4 g) LOPJ a los delitos que según los Tratados o

Convenios internacionales deban ser perseguidos por España, siendo “congruente con las

finalidades que se pretende satisfacer” la aplicación en la persecución de crímenes de Derecho

internacional del criterio homogéneo que se aprecia en ellos; y, en segundo término, por el hecho

de que el art. 96.2 CE incorpora como Derecho interno el contenido de esos tratados, junto al art.

27 del Convenio de Viena sobre Derecho de Tratados de 23 de mayo de 1969 (en adelante,

Convenio sobre el Derecho de los Tratados), que impide alterar o incumplir su contenido sobre la

base de la legislación interna de cada Estado. A partir de ahí la Sentencia examina dichos

Tratados suscritos por España, llegando a la conclusión ya anticipada, que (sostiene) responde a

lo que “un sector importante de la doctrina” entiende por “principio de justicia supletoria o de

Derecho penal de representación, al menos en un sentido amplio”, y otro sector doctrinal como

“un elemento de conexión en el ámbito del principio de jurisdicción universal”.

Reconocida por parte de la doctrina y algunos Tribunales nacionales “la conexión con un interés

nacional” como “elemento legitimador en el marco del principio de justicia universal”, cabe

entender que dicho interés nacional es relevante a estos efectos cuando el hecho con el que se

conecte “alcance una significación equivalente a la reconocida a otros hechos que, según la ley

interna y los tratados, dan lugar a la aplicación de los demás criterios de atribución

extraterritorial de la jurisdicción penal”, debiendo además apreciarse esta conexión en relación

con el delito que sirve de base para atribuir la Jurisdicción, y no con otros relacionados con él, de

modo que la existencia de tal conexión en relación con un delito no autoriza a extender la

Jurisdicción a otros diferentes en los que dicha conexión no se aprecie.

En aplicación de esta doctrina la jurisdicción universal de los Tribunales españoles no puede

extraerse de las disposiciones del Convenio sobre Genocidio ni de ningún otro Tratado suscrito

por España; además no consta que ninguno de los culpables se encuentre en territorio español, ni

que España haya denegado su extradición, ni se aprecia la existencia de una conexión con un

interés nacional español, pues, siendo posible concretar la conexión en la nacionalidad de las

víctimas, no se aprecia la comisión de un genocidio sobre españoles, aun cuando se hayan visto

afectados por hechos calificables como delitos distintos. Lo mismo ocurre con el terrorismo “sin

perjuicio de las cuestiones que pudiera suscitar la tipicidad de los hechos con arreglo a las leyes

españolas vigentes en el momento de su comisión”. En cuanto a las torturas, España y Guatemala

son parte en la Convención de 1984, que incorpora el principio de personalidad pasiva,

permitiendo perseguir los hechos al Estado de nacionalidad de la víctima cuando éste lo considere

apropiado.

Las denuncias incluyen los acontecimientos de la Embajada de España, donde murieron

ciudadanos españoles, habiendo reconocido el Gobierno de Guatemala en el comunicado conjunto

de 1984 que constituyeron una violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas

y aceptado las consecuencias que de ello pudieran derivar, y también se denuncia la muerte de

cuatro sacerdotes españoles, que se imputa a funcionarios o a otras personas en el ejercicio de

funciones públicas, lo que autoriza a mantener respecto de ambos hechos la Jurisdicción de los

Tribunales españoles al amparo del art. 23.4 g) LOPJ, en relación con la Convención de la Tortura.

En consecuencia el Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación y declara la

jurisdicción de los Tribunales españoles respecto de esos dos hechos”.

Además de exigir como requisito que se diera el supuesto del principio de personalidad pasiva y el de subsidiariedad (demostrando que entiende más bien poco de Derecho Internacional), el TS encaja en este último la idea de que para probar la falta de actividad del país con competencia territorial no basta con el paso del tiempo, sino que se requiere el rechazo de la denuncia. Además, en su FD9º resume la filosofía que está detrás de estas exigencias, cuando señala que “no le corresponde a ningún Estado en particular ocuparse unilateralmente de establecer el orden recurriendo al Derecho Penal contra todos y en todo el mundo, sino que más bien hace falta un punto de conexión que legitime la extensión extraterritorial de su jurisdicción”. Como se ve, tales palabras no son sino una oda a la ignorancia, confundiendo magistralmente la jurisdicción extraterritorial con la universal. Como ya le ocurriera al Ministerio Fiscal cuando trataba de impedir el procesamiento de Pinochet, que citaba textos internacionales que nada tenían que ver con el asunto (como la Convención sobre prevención y el castigo de los delitos contra personas internacionalmente protegidas, de 14 de diciembre de 1973, que se refiere obviamente a éstas como sujetos pasivos del delito y no como sujetos activos), al Tribunal Supremo se le nota una cierta vagancia intelectual al no molestarse tan siquiera en estudiar la correcta interpretación de los tratados citados y la jurisprudencia del TIJ y las opiniones de la CDI. Aunque no a todos sus miembros, pues el voto particular suscrito por siete Magistrados es mucho más sensato y correcto técnicamente.

A la vista de esta Sentencia, se recurre en amparo al Tribunal Constitucional, que en su Sentencia de 26 de septiembre de 2005 da un severo varapalo al TS, al que le reprocha su falta de rigor a la hora de citar textos internacionales, que haga una interpretación contra legem y contra el principio pro actione del art. 23.4 LOPJ (y con ello que vulnere el art. 24 CE) al establecer requisitos que no se contemplan en las leyes españolas ni en los tratados, que se olvide por completo del derecho consuetudinario internacional y califica de prueba diabólica la exigencia de rechazo de la denuncia para entender que no hay actividad jurisdiccional por parte del país con competencia territorial. Por todo ello anula la Sentencia del TS y concede el amparo solicitado.

Tras esto, en España se siguió utilizando la jurisdicción universal como base para abrir determinados procedimientos⁴ hasta el año 2009, en que se reformó la LOPJ.

Tercera fase: la reforma de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre

La Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre modifica el art. 23.4 LOPJ incluyedo en el catálogo de delitos los de lesa humanidad e introduciendo los principios de personalidad pasiva (alternativamente a la presencia del delincuente en España) y subsidiariedad, tomando así los postulados del TS en su Sentencia de 2003 antes vista.

“Cómo cambian las cosas”, podría decirse de la actitud del Gobierno de España frente al principio de justicia universal. El gobierno socialista entrante en 2004 se mostraba, entonces, partidario de dicho principio; es más, en su concepción absoluta o verdadera. Es de suponer que la obsesión por diferenciarse de los gobiernos de Aznar y, sobre todo, la fortaleza económica de España en esas fechas (engañosa, relacionada con la llamada burbuja inmobiliaria, pero fortaleza al fin y al cabo de cara al exterior) llevaron al Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero a recorrer esa senda. El ejemplo de dicha filia es que mientras que en los gobiernos del PP la Fiscalía no hacía más que torpedear todo intento de ejercicio eficaz del principio de jurisdicción universal, en 2005 la Fiscalía se mostraba favorable a la concesión de amparo por parte del TC en la STC antes citada. Sin embargo, hoy (por 2009), en plena crisis económica ha suscrito una reforma que acaba con la jurisdicción universal española de un plumazo y la convierte en mera jurisdicción extraterritorial basada en la proyección más allá de sus fronteras de la soberanía. Incluso Diego LÓPEZ GARRIDO, actual miembro del PSOE, que redactó junto a otros cinco Catedráticos de Universidad, cuando era diputado de Nueva Izquierda en 1998, el dictamen “Contra la impunidad”⁵, hoy calla frente al exterminio del principio que en aquel entonces, mientras gobernaba el PP, defendía tan imperiosamente.

¿Cuáles son las razones para este giro?. Bueno, si nos atenemos a las razones oficiales pueden apuntarse algunas:

-En la Introducción a la Memoria del Ministerio Fiscal del año 2008, en sus páginas XXV y XXVI , señala lo siguiente: “(...) la preocupación por el perjuicio que, no ya para la posición de España en las relaciones internacionales –que constituye un interés inequívocamente legítimo del Estado–, sino también, en cuanto más directamente nos afecta, para el propio prestigio de la Jurisdicción Universal ejercida en y desde nuestro país, podría suponer la proliferación de procedimientos relativos a delitos producidos en lugares totalmente extraños y/o alejados, que se incoan sin perspectiva de eficacia alguna, a instancia de personas en ocasiones no relacionadas directamente con el hecho investigado, y respecto de conductas geográfica y culturalmente remotas. Una Jurisdicción enfrentada a esas sustanciales dificultades operativas, lejos de asegurar el fin político-criminal perseguido por el principio de Justicia Universal contribuiría de manera determinante a su retroceso, extendiendo la sensación de impunidad e ineficacia del Derecho para dar solución a estos conflictos.” No merece mayores comentarios la afirmación de que los procesos de jurisdicción universal incoados en España no han tenido eficacia alguna. Conde-Pumpido debiera, para hablar con el rigor que se le supone al Fiscal General del Estado, estimar que la apertura de procesos penales supone poner el foco sobre el delincuente, que cree que en su impunidad puede resguardarse ad infinitum, lo que sin duda ha promovido la incoación de procesos en los propios países de los delincuentes, lo cual no puede despreciarse sin más. Más sincera resulta la razón de la afectación a las relaciones diplomáticas de España, pero sin duda falta que el Fiscal se quite la careta y reconozca abiertamente y hacia la opinión pública (y no en una Memoria destinada a Su Majestad el Rey con escasa difusión entre la población lega en Derecho) que España renuncia a hacer justicia, a reconocer a las víctimas y a castigar a los culpables por motivos políticos y económicos; que reconozca el Gobierno que pese al apoyo de la izquierda al juez Baltasar Garzón, el Gobierno socialista prefiere obviar su discurso sobre las víctimas del franquismo si se trata de víctimas de otro.

-El preámbulo, apartado III, de la LO de 2009 señala que se modifica para “incorporar tipos de delitos que no estaban incluidos y cuya persecución viene amparada en los convenios y costumbre del Derecho Internacional, como son los de lesa humanidad y crímenes de guerra. De otro lado, la reforma permite adaptar y clarificar el precepto de acuerdo con el principio de subsidiariedad y la doctrina emanada del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.”, lo cual es manifiestamente falso si atendemos a que la doctrina del tribunal constitucional no aparece por ninguna parte en la reforma, amén de que esta declaración de intenciones supone una gravísima incorrección técnica al poner al mismo nivel la jurisprudencia del TC y una Sentencia del TS anulada y que por tanto no tiene ningún efecto. Verdaderamente irriosia es la referencia a la necesidad de “clarificar” el concepto de jurisdicción universal, que estaba ya por 2009 bastante claro, como he señalado en la CUESTIÓN 3. Además, la nueva redacción incorpora conceptos jurídicos indeterminados que desdicen a esa presunta voluntad clarificadora, como la referencia al “vínculo de conexión relevante con España”, como he indicado supra.

Además de lo que he señalado a lo largo de esta ACTIVIDAD 1 sobre la naturaleza de la jurisdicción universal (negando que lo que hoy tenemos en la LOPJ sea tal), no puedo sino suscribir lo que dicen SEGURA HERNÁNDEZ y MAÍLLO⁶:

“No podemos obviar que a estas alturas se sostenga,

el principio de no injerencia en asuntos internos de otros países, cuando estamos

hablando de las violaciones más graves de derechos humanos, y de la actuación de

enjuiciamiento judicial de sus responsables. Decía Roberto Garretón Merino, Relator de

Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la República Democrática del Congo, en

el año 2000 (2), '(...) Hoy está superada la discusión sobre el carácter de asunto

doméstico del respeto de los derechos humanos. Durante años se debatió - y algunos

países particularmente opresores de sus pueblos insisten en la discusión...'.

Es por ello inadmisible, que se pretenda ahora, eludir la persecución y enjuiciamiento de

genocidas y criminales de guerra con el argumento de la soberanía nacional de los

estados de los que tengan nacionalidad (3). No podemos olvidar, además, que España

ha suscrito determinados convenios y tratados internacionales, de los cuales no puede

ahora desentenderse, y crear una reserva de facto, respecto al efectivo cumplimiento de

los mismos, y al enjuiciamiento de los responsables de los hechos perseguidos por tales

convenios. Debemos recordar que los Convenios de Ginebra y sus protocolos

adicionales establecen la obligación de las partes contratantes de buscar a los

responsables de haber cometido u ordenado cometer las infracciones graves a estos

convenios, y hacerlas comparecer ante sus propios tribunales o entregarlos a otra parte

contratante que los enjuicie.

Los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio forman parte del Derecho Internacional Penal, tienen carácter imperativo, ius cogens, son inderogables y obligan

ergam omnes (4) (frente a todos). Son insostenibles las referencias al colapso judicial

cuando estamos ante aproximadamente una docena de procedimientos, y se han

producido numerosas huelgas tanto de funcionarios de justicia, como la pasada e insólita

huelga de jueces por la carencia de medios, no teniendo la jurisdicción universal ninguna

relación con dicho colapso y la falta de medios con que se encuentran los juzgados y

tribunales (de los asuntos pendientes sólo el 0,0005 son relacionados con jurisdicción

universal).

En igual sentido, los problemas diplomáticos que pueda generar, no parece sea una causa que pueda conllevar el incumplimiento de las normas internacionales que nos

vinculan, ni que pueda como remedo, permitir la sustracción de la justicia de genocidas o

criminales de guerra. El desamparo de las víctimas, y el denegarle el acceso a la

jurisdicción universal, no puede ser el precio para realizar negocios fuera de nuestras

fronteras y eludir así, los presuntos problemas relacionados con los intereses

económicos españoles.

Salvo la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, que se ha mostrado favorable, en

principio, a la restricción aprobada, tanto la Asociación Profesional de la Magistratura,

como Jueces para la Democracia se han mostrado disconformes, entendiendo que se

desnaturaliza la institución y que ésta queda prácticamente desaparecida.

No podemos, por último, sino rechazar el argumento de la efectividad de dichos

procedimientos porque no nos encontramos ante un sistema jurídico en el que se

puedan dejar de perseguir delitos, si se creyera que éstos no van a concluir en

condenas.

Se obvia, además, desde dichas posiciones, que el ejercicio efectivo de la jurisdicción

universal ha obtenido condenas firmes y que los fines de prevención general y especial

se realizan si los tratados internacionales no son únicamente textos internacionales sin

aplicación práctica alguna.”

Para acabar, no quisiera cerrar esta “fase” sin decir que en mi modesta forma de ver las cosas, creo en el concepto de jurisdicción universal de la forma en que fue definido por el IDI y siempre que cumpla con los catorce principios que ha señalado Amnistía Internacional⁷. Cualquier otra cosa supone una burla a las víctimas y favorecer la impunidad del criminal.

1El art. 23.4 LOPJ, conforme a su redacción antes de la reforma de 2009, decía así: “Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley española, como alguno de los siguientes delitos:

1. Genocidio
2. Terrorismo.
3. Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
4. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces.
5. Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
6. Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.
7. Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.
8. Cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser perseguido en España.

2Para conocer con más detalle el caso Pinochet, vid. GARCÍA ARÁN, M./LÓPEZ GARRIDO, D. (coordinadores): Crimen internacional y jurisdicción universal. El caso Pinochet, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000

3Extraídas de la STC 237/2005 de 26 de septiembre.

4Vid, en este sentido, Auto del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 , de 6 de febrero de 2008; Auto del Juzgado Central de Instrucción n.º 1, de 5 de agosto de 2008 ; STS 921/2008, de 29 de diciembre y el tan polémico Auto de la Audiencia Nacional, de 2 de diciembre de 2008.

5Vid. GARCÍA ARÁN, M./LÓPEZ GARRIDO, D., op. cit., pág. 34.

6Vid. el artículo En defensa de la jurisdicción universal. Un paso atrás para la democracia, un gran camino hacia la impunidad, de 30 de abril de 2009, disponible en http://www.webislam.com

7Vid. La jurisdicción universal: Catorce principios fundamentales sobre el ejercicio eficaz de la jurisdicción universal, Mayo de 1999, Índice AI: IOR 53/01/99/s. Los principios son los siguientes:

1. Los delitos sobre los que se debe ejercer la jurisdicción universal. Los Estados deben garantizar quesus tribunales nacionales pueden ejercer la jurisdicción universal y otras formas de jurisdicciónextraterritorial sobre las violaciones y los abusos graves contra los derechos humanos y contra elderecho humanitario internacional.

2. El cargo oficial no exime de responsabilidad penal. Los cuerpos legislativos nacionales deben

garantizar que sus tribunales nacionales tienen competencia respecto de toda persona sospechosa

o acusada de delitos graves comprendidos en el derecho internacional cualquiera que fuera el cargooficial de esa persona en el momento del presunto delito o en cualquier otro momento posterior.

3. Ausencia de inmunidad por delitos cometidos en el pasado. Los cuerpos legislativos nacionales deben garantizar que sus tribunales tienen competencia respecto de los delitos graves comprendidos en el derecho internacional independientemente de cuándo se hayan cometido.

4. Imprescriptibilidad. Los cuerpos legislativos nacionales garantizarán que no se impone ningún plazo a la obligación de procesar a una persona responsable de delitos graves comprendidos en elderecho internacional.

5. Las ordenes de superiores, la coacción y la necesidad no deben ser circunstancias eximentes

permisibles. Los cuerpos legislativos deben garantizar que las personas sometidas a juicio ante

tribunales nacionales por la comisión de delitos graves comprendidos en el derecho internacional sólo pueden presentar eximentes compatibles con el derecho internacional. Las órdenes de superiores,

la coacción y la necesidad no deben ser circunstancias eximentes permisibles.

6. Las leyes y decisiones internas adoptadas con objeto de impedir el procesamiento de una persona no pueden ser vinculantes para los tribunales de otros países.. Los cuerpos legislativos nacionales deben garantizar que los tribunales de su país pueden ejercer su jurisdicción sobre los delitos graves comprendidos en el derecho internacional en el caso de que los sospechosos o acusados estén

protegidos de la acción de la justicia en cualquier otra jurisdicción nacional.

7. Ausencia de intromisiones políticas. La decisión de iniciar o interrumpir una investigación o un

procesamiento por delitos graves comprendidos en el derecho internacional debe tomarla únicamente el Fiscal, sujeto al debido examen judicial sin menoscabo de su independencia, basándose sólo en consideraciones jurídicas y sin intromisiones ajenas.

8. En los casos de delitos graves comprendidos en el derecho internacional, se deben emprender

investigaciones y procesamientos sin esperar a que se presenten denuncias de las víctimas o de otras

personas con interés suficiente en el caso. Los cuerpos legislativos nacionales deben garantizar que su derecho interno exige a las autoridades del país ejercer la jurisdicción universal para investigar

delitos graves comprendidos en el derecho internacional y, si hay pruebas admisibles suficientes,

iniciar procesamientos sin esperar a que una víctima u otra persona con interés suficiente en el caso presenten una denuncia.

9. Respeto de las garantías de juicio justo internacionalmente reconocidas. Los cuerpos legislativos

nacionales deben garantizar que el Código de Procedimiento Penal garantiza a las personas

sospechosas o acusadas de delitos graves comprendidos en el derecho internacional todos los

derechos necesarios para que su juicio sea justo y se celebre sin demoras, respetando estrictamente el derecho internacional y las normas internacionales sobre juicios justos. Todos los departamentos del Estado, incluida la policía, el fiscal y los jueces, deben garantizar que se respetarán plenamente estos derechos.

10. Juicios públicos y con la asistencia de observadores internacionales. Para garantizar no sólo que se hace justicia, sino también que se ve que se hace justicia, las autoridades pertinentes deben permitir que a los juicios de personas acusadas de delitos graves comprendidos en el derecho internacional

asistan en calidad de observadores organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.

11. Se deben tener en cuenta los intereses de las víctimas, de los testigos y de sus familias. Lo tribunales

nacionales deben proteger a las víctimas y los testigos, así como a sus familias. En la investigación

de los delitos se deben tener en cuenta los intereses especiales de las víctimas y los testigos

vulnerables, como son las mujeres y los niños. Los tribunales deben ofrecer la debida reparación a

las víctimas y a sus familias.

12. Prohibición de la pena de muerte y de otras penas crueles, inhumanas o degradantes. Los cuerpos

legislativos nacionales deben garantizar que en los juicios por delitos graves comprendidos en el

derecho internacional no se impone el castigo capital ni otras penas crueles, inhumanas o

degradantes.

13. Cooperación internacional en las investigaciones y procesamientos. Los Estados deben cooperar

plenamente en las investigaciones y procesamientos con las autoridades competentes de otros

Estados que ejerzan la jurisdicción universal sobre delitos graves comprendidos en el derecho

internacional.

14. Formación eficaz de los jueces, fiscales, investigadores y abogados defensores. Los cuerpos

legislativos nacionales deben garantizar que los jueces, fiscales e investigadores reciben formación

eficaz en normas de derechos humanos, derecho humanitario internacional y derecho penal

internacional.

BIBLIOGRAFÍA CITADA Y CONSULTADA

• CHINCHÓN ÁLVAREZ, J.: Análisis formal y material de la reforma del principio de
jurisdicción universal en la legislación española: De la «abrogación de facto» a la
«derogación de iure», LA LEY 13345/2009, disponible en
http://www.laley.es/Content/Documento.aspx?
params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM
3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee+
+999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/IorZ7LOnb3bo2d17sLe7+ws
v87opquVnezs7D3c+3buHD4rz66fV9M31Kv/sPCub/Bfmk6p6G7z3+5v2/w+zRbolUQAA
AA==WKE#tDT0000127211_NOTA11
• DÍEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, 14ª edición,
Tecnos, Madrid, 2004
• GARCÍA ARÁN, M./LÓPEZ GARRIDO, D. (coordinadores): Crimen internacional y
jurisdicción universal. El caso Pinochet, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000
• GÓMEZ COLOMER, J.L./ESPARZA LEIBAR, I.: Tratado jurisprudencial de
aforamientos procesales, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009
• JORGE URBINA, J.: Crímenes de guerra, justicia universal e inmunidades
jurisdiccionales penales de los órganos del Estado, publicado en la Biblioteca Jurídica
Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Madrid,
disponible en http://www.juridicas.unam.mx
• MIAJA DE LA MUELA, A.: El genocidio, delito internacional, en Revista Española de
derecho Internacional, 1951, vol. IV, 2
• PÉREZ-PRAT DURBÁN, L.: La responsabilidad internacional, ¿crímenes de Estados y/o
individuos?, en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid,
2000
• REGUERA GÓMEZ, F.J.: Crisis de la jurisdicción universal, 12 de mayo de 2010,
disponible en http://www.diariojuridico.com/opinion/crisis-de-la-jurisdiccionuniversal.
html
• SÁNCHEZ LEGIDO, A.: Jurisdicción universal penal y Derecho Internacional, Tirant Lo
Blanch, Valencia, 2004
• SANTOS VARA, J.: Crónica sobre la aplicación judicial del derecho internacional
Público en España, en Revista Electrónica de Estudios Internacionales, nº17, 2009,
disponible en www.reei.org/reei17/doc/cronica/cronica_SANTOS_Juan.pdf
• SEGURA HERNÁNDEZ, A./MAÍLLO, R.: En defensa de la jurisdicción universal. Un
paso atrás para la democracia, un gran camino hacia la impunidad, de 30 de abril de
2009, disponible en http://www.webislam.com
• SIMON, J.M.: Jurisdicción universal. La perspectiva del Derecho Internacional Público,
disponible en Revista Electrónica de Estudios Internacionales, nº4, 2002, disponible en
http://www.reei.org/reei4/Simon.PDF
28
• Diccionario jurídico,Thompson-Aranzadi, 4ª edición
• Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja del 24 de febrero de 1999, Jurisdicción
universal sobre crímenes de guerra, disponible en
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDMR2
• Introducción a la Memoria del Ministerio Fiscal del año 2008, disponible en
http://www.fiscal.es
• La jurisdicción universal: Catorce principios fundamentales sobre el ejercicio eficaz de la
jurisdicción universal, Mayo de 1999, Índice AI: IOR 53/01/99/s, disponible en
https://www.es.amnesty.org/
• Un enfoque paso a paso sobre el ejercicio de la jurisdicción (penal) universal en los países
de Europa occidental, publicado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, nº
522, abril de 2009, disponible en http://www.fidh.org/