La inteligencia de nuestros políticos

Hola a todos,

Muchas veces he criticado desde este blog la actuación de nuestros políticos, sean del color que sean. En la mayoría de las ocasiones he intenado hacerlo razonando correspondientemente la crítica y exponiendo mi verdad; en especial si el asunto se prestaba a discusión. Sin embargo, hay veces que se mire por donde se mire, la torpeza y mal hacer del político no tienen vuelta de hoja.

Cuando uno habla de que tal o cual ley (entendida por norma) fruto de la acción política normalmente se entiende que se critican sus consecuencias, en ocasiones con mayor o menor tiento; un buen ejemplo es hablar sobre los efectos de la implementación de la Ley de Violencia de Género. También es posible, pero de modo más discreto fuera del ámbito académico, que la crítica venga referida ya al proceso legislativo que ha gestado dicha norma. El caso que voy a comentar es de los últimos, de esos que demuestran que la inteligencia y destreza de nuestros representantes  políticos está a la altura del betún, fruto de un fenómeno alargado en el tiempo, el de la profesionalización de la política en el peor de sus significados posible; el de aquel sujeto inservible en la sociedad que hace carrera en la política, al que no se le conoce otro mérito o dedicación (véase, por ejemplo, a Leire Pajín).

Como algunos ya sabréis, en España el proceso legislativo tiene una serie de fases que deberían tender a garantizar que una norma, al margen de su contenido ideológico (que será siempre discutible), tenga una corrección técnica suficiente; y cuando digo corrección técnica no me refiero a difíciles cuestiones a precisar por expertos, sino a la más elemental de las correcciónes, como por ejemplo (imaginario) que en una ley sobre el aborto no se hable del hombre como persona que puede quedarse embarazada. Vamos, que se sepa de lo que se está hablando. Esto trata de asegurarse con comisiones redactoras con presuntos especialistas designados por los grupos políticos y, en teoría, asignando a la comisión del Congreso (diferente a la de expertos) diputados que conozcan el objeto del que se trate.

Dicho lo anterior, nos situamos ya en el tema central. Como algunos sabrán, en fechas recientes se aprobó una reforma del Código Penal que entrará en vigor este presente mes de Diciembre. Reforma que, entre otras cosas, ha modificado la redacción de los delitos de robo, que son los que nos interesa. La actual redacción  de los robos en casa habitada ha venido muy marcada por una enmienda del Grupo Popular, que la justificaba así (leedla, aunque no os entereis de mucho ahora mismo):

"Actualmente (...) proliferan los robos en casa habitada en los que es muy frecuente que se busque por sus autores que los moradores se encuentren dentro de la vivienda, esperando incluso a que lleguen, para conseguir información sobre localización de cajas de seguridad o efectos de valor. Además, precisamente para conseguir esa información también es muy habitual que se despliegue gran violencia con muy graves consecuencias para las víctimas.

La situación actual del Código Penal determina que, frente a la regulación anterior a la reforma del 95, la agravante de casa habitada solo es aplicable al robo con fuerza. En los casos como los indicados, en los que se trata de un robo con violencia o intimidación, esta agravante de casa habitada no está contemplada en el actual artículo 242 del CP que castiga el robo violento o intimidatorio con una pena de 2 a 5 años si es sin armas o de 3 años y 6 meses a 5 años si es con armas. En definitiva, al actual Código Penal le es indiferente que se trate de un simple "tirón" de un bolso en la calle con mínima violencia y de escasos segundos de duración que un asalto "en toda regla" a una casa, invadiendo la intimidad de la morada, con grave violencia e incluso prolongada durante horas y, con graves secuencias psicológicas que supone la agresión en el propio domicilio.

De ahí la necesidad de establecer una reforma del artículo 242 del Código Penal que vuelva a establecer, con una penalidad disuasoria, la agravante de casa habitada en el robo violento."

Traducido al cristiano, lo que el PP quería decir es lo siguiente: 

Antes de la reforma, el robo con fuerza en las cosas (que supone robar rompiendo -prácticando fuerza- elementos de seguridad como cerraduras, puertas, cajas fuertes...)  aplicaba una pena mayor cuando dicho robo se cometía "en casa habitada", lo cual no necesariamente significaba que si entraban a robar en casa hubieran de estar los habitantes en ella en ese momento, a tenor del art. 241.2 del Código Penal que define a estos efectos casa habitada como "todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar". Vamos, que si te entran a robar en casa rompiendo la puerta con un hacha y no estás, a esos tipos se les aplicaba una pena mayor.

Lo que parece que le preocupaba  mucho al PP es que cuando el robo se producía con violencia o intimidación sobre las personas el Código no decía expresamente que si se producía en casa habitada ello tenía más pena. La razón de tal omisión no era que la Código le importara tres castañas que te entraran a robar en casa estando dentro (y el mayor peligro que ello supone). Se omitía porque se entendía (muy correctamente, a mi entender) que cuando sucedía tal cosa, el señor o señora ladrón cometía, como mínimo, dos delitos, robo con violencia o intimidación y allanamiento de morada, cuyas penas se acumulaban en una fórmula penológica llamada concurso medial que no viene al caso explicar. La lógica de esta forma de entender las cosas es aplastante: mientras que en el robo con fuerza en las cosas no es imprescindible para cometerlo que el habitante esté en la casa y aunque lo esté no tiene porqué haber violencia o intimidación (pueden entrar en casa, robarme y no enterarme porque estoy durmiendo), cuando hablamos del robo con violencia o intimidación sobre las personas en un hogar va a ser que es imprescindible para que se cometa que estén dentro, porque si no ya me diréis contra quién van a ejercer la violencia o la intimidación.. Y si están en casa, entrar en ella sin permiso atenta irremediablemente contra la intimidad de los moradores, lo cual deja claro que es IMPOSIBLE entrar en una casa y ejercer violencia e intimidación sobre ellos sin cometer allanamiento de morada. Igualmente pasaba con los supuestos que según el PP, no protegía el Código, esto es, en los cuales esas amenazas cristalizaban en violencia o en los que se retenía a las personas dentro; se agregaban los delitos de lesiones o en su caso los de detención ilegal.

Cacos hipertecnológicos capaces de entrar en tu casa y amenazarte sin que te enteres pillados in fraganti por un diputado del PP

Como hemos visto, no es que, como sostenía el PP, al Código le diera lo mismo un tirón de un bolso que una entrada en domicilio. Más bien parece que a los señores diputados y senadores del PP les da lo mismo saber de lo que están hablando que no hacerlo, con tal de lanzar mensajes populistas y colgarse medallitas. Pero lo más grave de todo no es que estos señores del PP (que podrían serlo también de cualquier otro partido, insisto en esto) no sepan siquiera lo que había antes. No. Lo grave es que con la enmienda que con tanta pasión defendían, que enarbolaban por bien del ciudadano desvalido frente a los malditos sociatas que hicieron un Código blandengue, en efecto introducen la agravación por robo con violencia e intimidación en casa habitada, pero, - oh, y aquí he de aguantarme la risa- CON LA MISMA PENA que tenía el antiguo concurso robo-allanamiento. Así, ¿dónde está esa "penalidad disuasoria" que procalamaban si la pena es la misma?; ¿tienen cerebro nuestros políticos si son capaces de no saber de dónde venían ni a dónde van?; ¿nos merecemos una clase política que cambia por cambiar para que parezca que hacen algo?. Y todo ello obviando los supuestos en que se limitan a copiar y pegar normativa europea sin adaptarla (para qué se van a esfirzar un poco), que da lugar a palabros como "valorización" de productos, cuando debiera decir "reciclaje".

Lo que me aterra profundamente es que si en un aspecto tan sencillo -legislativamente hablando- la metedura de pata es tal, ¿qué pasará en normas más complejas?.

Saludetes a todos

Dos medias verdades de actualidad (II): El abaratamiento del despido como solución a la crisis

Hola a todos,

Antes de que alguien señale lo demagógico del título, decir que de lo que voy a hablar es de la tesis que ha mantenido la CEOE de que para la recuperación económica es necesario el abaratamiento del despido, tal y como dijimos en el post anterior. 

El meollo de la cuestión es que desde esta insigne patronal presidida por otro igualmente insigne empresario,  Gerardo Díaz Ferrán (en la imagen), se ha dicho una y otra vez (lo que impide que pueda ser considerado un desliz o un error) que es necesario que para que el sector empresarial español pueda recuperarse, y con él el empleo, es preciso "abaratar el coste del despido"; despido a secas, sin más adjetivos. Tal cosa no ha sido bien recibida por los trabajadores y los sindicatos, claro está. Pero siguiendo la tradición española, se ha recurrido a aquello de contar mentiras con apariencia de verdad para tratar de convencer al perjudicado de que se deje perjudicar. Vamos, la puesta en práctica de la estrategia de "Guzmán el Bueno" que tantas otras instituciones españolas han utilizado en el pasado y aún hoy en día, desde el Gobierno hasta el Tribunal Constitucional: vamos a joderle bien, pero no se preocupe que si nos deja explicárselo, saldrá convencido de lo oportuno de hacerlo.

La culminación de esa estrategia es meter dentro del pensamiento colectivo la siguiente idea en la que se omite una cantidad ingente de información: 

A mi, empresario, me cuesta mucho dinero despedir a un trabajador-45 días por año trabajado- , lo que dificulta mi recuperación económica y me impide contratar a más personas, tanto por el gasto que genera el despido como por tratar de evitar tener que despedir en un futuro a las personas a las que dé trabajo ahora. Esto, no obstante, no significa un recorte de derechos y garantías del trabajador, en absoluto. Ustedes, los sindicatos, están muy equivocados. Lo que pasa si no abaratamos el despido es que entonces tenemos que contratar a la gente mediante contratos temporales, no podemos contratar indefinidos porque nos sale muy caro despedirlos. Ya sabe que a los temporales símplemente no les renovamos el contrato. Así que digo yo que más vale recibir una indemnización mucho más pequeña que no recibir ninguna. Esto es bueno para vosotros, muchachos. Y no, nos deis las gracias por ser tan generoso, no las merecemos.

Esto es, más o menos, lo que desde CEOE se ha venido diciendo(1). Pero es curioso que unos señores que se dedican al ámbito empresarial no puedan siquiera concretar qué tipo de despido desean abaratar, aunque no es difícil de averiguar a tenor por la indemnizacion que incompletamente citan (45 días por año trabajado, omitiendo interesadamente el tope de mensualidades). Quizá porque de hacerlo, se les vería el plumero.

Señoras, señores, lo que las damas y caballeros de la CEOE quieren abaratar es el DESPIDO IMPROCEDENTE, que es tal cuando el trabajador NO tiene responsabilidad o culpa alguna en dicho despido; es más, es tal cuando la Ley no reconoce como justificado el despido. Dicho en otros términos, es cuando el empresario decide arbitraria e injustificadamente echar a la puta calle al trabajador. Sin más. No hay más debate, porque no hay otro tipo de despido que acompañe la indemnización que citaba la CEOE.

De lo más perverso es decir que las condiciones económicas hacen insostenible este tipo de despido, o lo que es lo mismo, que no pueden permitirse el lujo de recortar plantillas a ese coste. Es, como decía, perverso, porque los empresarios que tienen problemas económicos que justifiquen el despido de un trabajador pueden recurrir al DESPIDO OBJETIVO (hasta una cierta cantidad de despidos en un espacio de tiempo concreto) o al conocido EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) (si son muchos trabajadores, para entendernos) , que permite despedir a un trabajador por causas esconómicas con una indemnización de tan sólo 20 días por año trabajado con su correspondiente límite de mensualidades.

 Lo que pasa es que para poder acceder a esas figuras, es necesario acreditar mediante una abundante documentación contable el estado de dificultad económica de la empresa, lo cual arroja luz sobre sus cuentas y actuaciones; a lo que muchos empresarios no quieren exponerse porque tienen cosas que ocultar.

En resumen, que se dejen de milongas y que digan, a las claras, que lo que quieren es seguir jodiendo al trabajador común. pero lo peor, como decía, es que encima pretendan hacernos pasar a todos por tontos y convencernos de que o se acepta esto, o no habrá trabajo. Claro. Y ellos son hermanitas de la caridad.

(1):"El despido, que ahora sea más caro, impide a pequeños empresarios coger más trabajadores", "La patronal ha observado que, al final, en los tribunales esta compensación para el trabajador se eleva a los 45 días".

Dos medias verdades de actualidad (I): Las ayudas al sector del automóvil

Hola a todos,

Hoy me gustaría hablaros de dos asuntos que, aunque no son exactamente nuevos, siguen permaneciendo en el foco informativo de actualidad de diferentes medios informativos, aunque en la mayoría de los casos sin entrar en profundidad. Estos asuntos son las presuntas ayudas al sector del automóvil perpetradas por el Gobierno Central presidido por J.L. Zapatero y ejecutado por las comunidades autónomas, por un lado, y por otro, el lema esgrimido por la patronal CEOE de que para la recuperación económica es necesario el abaratamiento del despido.

Sobre el primero de los temas, la media verdad es más bien una falsedad plena, que se ha visto en recientes fechas, pero que camufló la verdad durante meses con graves perjuicios para muchos ciudadanos.

Como ya sabeis todos, las ayudas al sector del automóvil se lanzaron por parte del ejecutivo con la intención de reactivar un sector en franca decadencia (como tantos otros, afectados por la crisis) y consistían, en esencia, en realizar un "descuento" en el precio del vehículo (por valor a determinar por la comunidad autónoma correspondiente) si se acompañaba el vehículo antiguo (condiciones también determinadas sobre la antigüedad del mismo por las comunidades autónomas), con el fin de promocionar la venta de vehículos. Pongo decidido énfasis en esto porque la caracterización de ayudas al sector es precisamente la de favorecer a éste en su conjunto y se contraponen necesariamente a las ayudas de carácter personal o familiar, donde la razón de ser de la ayuda es favorecer a las personas o familias que se encuentren en determinadas situaciones. Un ejemplo de estas últimas bien serían, por ejemplo, los mismos "descuentos" pero otorgados sólo a grupos familiares con una renta inferior a una determinada cantidad. Por tanto, cabe entenderse definitivamente que cuando hablamos de ayudas a un sector, el beneficiario es el propio sector, aunque de forma tangencial también obtenga un cierto beneficio relativo el consumidor; de forma tangencial, digo, porque aunque obtiene el bien por un precio menor, quizá de no producirse la expectativa de un menor precio jamás hubiera renovado su vehículo.

¡Sí! Gracias a Zapatero, al fin podré comprarme el coche que siempre deseé.

Así las cosas, el sector incrementó su volúmen de ventas y todo el mundo parecía satisfecho. Pero la sorpresa ha llegado, para mal de mucha gente, al comenzar la campaña de renta, donde se les ha dicho que es que resulta que estas ayudas tributan en renta. ¿Cómo se explica esto?. Con cierta dificultad, la verdad, y ahí la falseda dde lo dicho por el Gobierno en su día. 

Si dos párrafos más atrás habíamos convenido que una ayuda a un sector no es una ayuda personal, difícilmente podrá tributar en el Impuesto sobre la Renta, que lo que grava es la obtención PERSONAL de renta. Pero claro, los pobres ilusos que se acogieron a este plan no contaban con la ingeniosa interpretación de la Agencia Tributaria al respecto: resulta que la cuantía en "descuento" no era tal, sino que era un pago que, debiendo realizarlo el ciudadano adquirente del vehículo, era satisfecho por otros (la administración pública y los concesionarios), con lo que efectivamente es una renta percibida por el ciudadano; renta que jamás ha pasado por sus manos. Sería algo aprecido a que tributara la obtención de una beca para desarrollar estudios universitarios cuyo único fin y destino es completar aquellos con la argumentación de que esa cantidad debía haberla satisfecho el ciudadano y por tanto es una renta (usando un recurso análogo a la tributación del pago de gastos de comunidad por el inquilino a efectos del casero -lo paga él cuando lo debía pagar yo, así que es una perecpción de renta-).

Es cierto que en la Ley del impuesto no figura como exención la obtención de estas ayudas, con lo que realmente no se ocultó el dato. Pero siendo realistas, cuesta mucho creer que todo ciudadano de a pié conozca el contenido exacto y peciso de la norma, la interprete correctamente o, en su defecto, esté convenientemente asesorado, máxime cuando las rentas "comunes" (que no entrañan mucha dificultad) en cuanto a su liquidación, las de la gente "normal", suelen hacer la declaración de la renta conforme al borrador que les manda la Agencia Tributaria, con lo que su contacto con el mundo fiscal es nulo. Más creíble parece que una persona normal que vaya a cambiarse de coche por lo que ha oído en los medios de comunicación se encuentre en el concesionario símplemente con que le vehículo tiene un precio menor, sin que nadie le explique las consecuencias, lo cual puede ser realmente dañoso para el ciudadano.

En resumidas cuentas, el impuesto de la renta tiene dos componentes, la base general y la base del ahorro. El primero se integra por ciertos tipos de rentas (tales como los salarios) y tributa a un tipo progresivo que se aplica mediante una tabla (la que podeis ver más abajo es la tabla del tramo estatal, a lo que habría que sumar lo que determinen las tablas de cada autonomía para el tramo autonómico). El segundo tributará en el actual ejercicio a un tipo fijo (aunque en la reforma se aumenta ese tipo a partir de los primeros 6.000 €) que no tiene en cuenta lo que uno gana para establecer qué % pagará. Ambos tienen un tramo estatal ( tanto por cien que "te cobra el Estado", para entendernos) y otro tramo autonómico (tramo que determinan las CCAA y que "te cobran ellas") cuya suma es la cuantía que al final tenemos que pagar a la Hacienda Pública. De ahí le deberemos descontar lo que ya hemos pagado porque nos han ido reteniendo (lo hemos ido pagando durante el año; de ahí lo de "a pagar o a devolver": si hemos pagado anticipadamente más de lo que nos correspondía nos devolverán y si no nos tocará pagar la diferencia).

Base Liquidable - Hasta Euros	Cuota Íntegra - Euros	Resto Base Liquidable - Hasta Euros	Tipo Aplicable - Porcentaje
0	0	17.707'20	15'66
17.707'20	2.772'95	15.300'00	18'27
33.007'20	5.568'20	20.400'00	24'14
53.407'20	10.492'82	En adelante	27'13

Tabla Cuota Estatal

La tabla varía sus cifras cada ejercicio fiscal, pero el sistema es casi el mismo a efectos de explicar en qué afecta que los euros de ayuda tributene en renta y sus nefastas consecuencias para el ciudadano.

Como se ve, la tabla determina el porcentaje que le aplicaremos a la base general. podemos poner algunos efectos explicativos:

Si tengo una renta en la base imponible general (Rbg) inferior a 17.707'20 €, se me aplicará sobre esa cuantía el 15'66 %: Paco ha ganado, descontando las contribuciones a la Seguridad Social, 15.000 € brutos de salario en el año a liquidar no teniendo otros ingresos conocidos. A Paco se le calculará a efectos de renta el 15'66% de 15.000 €.

Siguiendo la estructura del ejemplo anterior, si fuera de 21.000 € (entre el segundo y tercero apartado de la tabla) pagaría por los primeros 17.107'20 € la cantidad de 2.772'95 € y sobre el resto hasta los 21.000€ se le aplicaría el 18'27 %.

La ayuda para el vehículo es una suma directa a la cuantía de la base general, para la que además no hay gasto deducible alguno. Un ejemplo:

Paco ha trabajado hasta el 30 de septiembre en Krane Chemical Spain, empresa dedicada a la fabricación de pesticidas, entre otros el llamado “pillamar5”, con un sueldo íntegro mensual de 1.750 euros. Las cuotas de la Seguridad Social a su cargo satisfechas ascienden a 1.250 euros y la cuota anual de afiliado a la UGT satisfecha asciende a 200 euros.

Si no tiene más ingresos, la base general se calculan sumando lo que ha ganado en bruto restándole los gastos deducibles (cuotas a la seguridad social y a sindicatos, hasta un límite este último), con lo que realmente no le aplicamos el % a todo lo que hemos ganado. Sin embargo, en la ayuda, nos suman de golpe y porrazo la ayuda. 

Lo verdaderamente negativo para el ciudadano es que si por sus rentas se encontraba en un tramo de la tabla, con ese aumento brutal de "ingresos" es posible que dé el salto al siguiente escalón, con lo que TODAS SUS RENTAS de la base general serán gravadas a un mayor porcentaje, cuando realmente sus ingresos reales han sido los mismos. y esto, claro, sin saberlo y sin poder hacer la provisión conveniente. Por ejemplo, alguien que estuviera pagando un 18'27 % aplicado a todas sus rentas puede pasar a pagar un 24'14% sólo por la contabilización de la ayuda.

Como se ve, es una mentira o media verdad del Gobierno del marketing que tenemos, que vende de cara a la opinión pública una cosa y sin embargo luego las cosas nunca son así.

Saludetes.

PD: No sé porqué la tabla no aparece centrada y con el tamaño correspondiente, intentaré arreglarlo.

Un apunte sobre la polémica alrededor del Juez Garzón

Hola a todos,

A la vista de la polémica que ha levantado la imputación por parte del Tribunal Supremo, quiero sintetizar mi opinión sobre esto, habida cuenta de que ya en 2008 tratamos el tema en un post más extenso.

 Como quiera que ya adelantábamos en aquellas fechas que había algo de irregular en la apertura del proceso penal (y digo irregular y no delictivo, que no es necesariamente lo mismo), no parece conveniente redundar en lo mismo, sino traer aquellos argumentos jurídicos al hilo de otro pensamiento, que consiste en exponer, desde mi punto de vista, lo verdaderamente importante. Y ello, creo, como en todo proceso judicial, son los hechos y su calificación, quedando todo lo demás como secundario. Los hechos, tal cual los veo, son los siguientes:

- Garzón abre un proceso penal para encontrar a víctimas de la represión franquista.

- Justifica que es competente para hacerlo él y no el Juez de cada lugar calificando las muertes como producto de la comisión de un delito de genocidio y lesa humanidad (ya que la Audiencia Nacional es competente para enjuiciar estos delitos, pero no los asesinatos "comunes", para entendernos).

- Garzón obvia que los oficiales responsables de aquellos actos están muertos (y recordamos que no se puede abrir procesos penales contra muertos) e incluso solicita el acta de defunción de Franco para comprobar dicho extremo.

- Unos partidos y asociaciones de ideología ultraconservadora se querellan contra su actuación por considerar que al continuar con la causa, estaba prevaricando (tomar una decisión a sabiendas de su injusticia).

- El Tribunal Supremo admite a trámite la querella y también otras dos, una en relación a que no se abstuvo al instruir una causa contra Emilio Botín habiendo recibido patrocinio por unas conferencias en E.E.U.U. y otra por realizar escuchas a los abogados en conversaciones con sus clientes en el contexto de la trama Gürtel y por dilaciones indebidas.

 De estos hechos han derivado muchos debates suscitados desde la izquierda y la derecha, unos defendiendo la actuación del juez y, lo más importante, criticando e insultando duramente a quienes no lo hacen, y otros queriendo dar ya como culpable al Juez de la Audiencia Nacional. En esos debates se ha podido ver de todo, desde opiniones periodísticas acerca de la habilidad de Garzón para instruir bien o mal los casos que le llegan, opiniones de guardias civiles criticando el presunto desapego que tiene el Juez por dicho colectivo, críticas o elogios a su paso por la política, viejos rencores, nuevas filias, hasta actos masivos en favor de la República donde se señalaba al Tribunal Supremo como "franquista" y "cómplice de los torturadores".

Lo que entiendo que no se ha tratado en profundidad es, claro está, la realidad de los hechos relevantes. Personalmente me importa poco quién sea el que se querelle contra uno u otro juez y sus razones; lo que importa es si ese juez ha actuado bien o mal y ese extremo aún no se ha resuelto, por lo que entiendo que hablar de lo demás es absolutamente ocioso y superfluo, una excusa más para llenar horas y horas de debates televisivos donde periodistas sin ninguna formación jurídica opinan tajantemente sobre actuaciones judiciales.

De los hechos, mi opinión:

- Los actos cometidos por Garzón en los tres frentes comentados son ofrecen dudas sobre su corrección, como se expuso en el post "Garzonadas" y como han corroborado las aportaciones de los querellantes.

- Ofrecer dudas no quiere decir necesariamente que se haya prevaricado. Por ejemplo, en el caso de la competencia por calificar las actuaciones como genocidio o lesa humanidad es algo discutido y discutible en la doctrina jurídica, así que dificilmente podrá haber prevaricado al decantarse por una de las opciones que la interpretación del derecho ofrece; ahora, en otros elementos a tener en cuenta, quizá haya alguna actuación irregular (por ejemplo, sabiendo que los responsables, por cuestiones de edad, están muertos. Sería algo similar a si el propio Garzón abriera una causa contra Pizarro y Cortés, en virtud de la justicia universal, por sus crímines contra las poblaciones indígenas del continente americano).

- Lo anterior sivre para señalar que yo no digo que Garzón haya prevaricado (no me corresponde a mi decirlo) porque es un asunto que no está claro. Pero precisamente porque no lo está, no me parece mal que un Tribunal arroje luz sobre el asunto.

- Los defensores de Garzón en actos públicos pienso que se equivocan, a propósito, de frente, quejándose sobre el hecho de que se aclaren las cosas y no sobre una condena por prevaricación.

Con todo esto, me preocupa mucho la polarización del espectro ideológico español en esta cuestión y la vehemencia con la que se ataca o defiende a un juez que, al margen de lo que digan unos u otros, ha actuado de una determinada manera y es eso lo que se va a enjuiciar. Me preocupa porque me hace preguntarme qué intereses hay detrás para poner tanta carne en el asador en este tema. 

Sin embargo, antes de buscar maliciosos fines, hay que atender al periodo pre-electoral en el que nos encontramos. Pienso que el PSOE de Zapatero ha dado con el clavo de su triunfo electoral en un país mayoritariamente de izquierdas, que es espolear a su electorado polarizando la sociedad y fomentando el enfrentamiento. Y este debate, las proclamas a la República y otras tantas cosas que hemos visto estos días, creo que responde a eso, obviando, de nuevo, que lo relevante es el actuar del encausado y no las circunstancias políticas del entorno.

Nada más, nos vemos más pronto que tarde.